Reproducimos nota de prensa remitida por la PAH del Corredor del Henares.

Este jueves nuestra compañera Fátima, Salah y sus tres hijos de 2, 8 y 10 años serán desahuciados de su domicilio del barrio del Chorrillo de Alcalá de Henares, en el que durante cinco años han vivido de alquiler. 

Finalizado el contrato en el mes de enero, con los únicos ingresos de la Renta Mínima y trabajos más que esporádicos de corta duración, y con los precios del alquiler al alza, les resulta imposible acceder a otra vivienda. Durante los cinco años de duración del contrato han tenido que pedir dinero a amigas y conocidas la mayor parte de los meses para poder hacer frente a todos los gastos, además de solicitar ayuda para alimentos a Cruz Roja y Cáritas.

Se da la circunstancia de que desde 2008 Fátima viene solicitando acceso a una vivienda pública al Ayuntamiento de Alcalá y a la Comunidad de Madrid, a la que ha remitido hasta 11 solicitudes; y desde el mismo 2009 la Dirección General de Vivienda la ha admitido como demandante. En septiembre de 2017 llegaron a notificarle que se encontraba en el puesto 132 del cupo. Ayer mismo recibió una nueva carta en la que se le indica que continúa admitida, y en el puesto 114. 

Sin embargo, cuando más necesita una alternativa habitacional, a punto de verse en la calle, ni Comunidad de Madrid ni Ayuntamiento de Alcalá han ofrecido ninguna solución digna y viable a nuestros compañeros y sus tres hijos menores.  

La Comunidad de Madrid rechazó en el mes de marzo –una vez que ya le había sido notificada la demanda de desahucio- su solicitud de una vivienda de emergencia social. Pensamos que para la Dirección General de Vivienda Fátima no cumplía los requisitos porque, pese a que va a ser desahuciada dentro de dos días, no se ha producido una disminución en sus ingresos: sigue siendo tan pobre como antes.

Tampoco los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a los que asiste desde 2010 y donde ha acudido en ocho ocasiones desde que le fue notificada la demanda de desahucio –la última el mismo día de ayer- le han ofrecido más ‘solución’ que buscar una habitación de alquiler para los cinco miembros de la unidad familiar, trasladarse a pueblos cercanos donde el alquiler no baja de 400 euros y donde en algunos casos no dispone de transporte ni de colegio o mudarse a casa de una amiga. 

También le han ofrecido una ayuda para los dos primeros meses de alquiler, solución completamente ineficaz teniendo en cuenta los requisitos actuales para alquilar una vivienda: ningún particular va a arrendar un piso a una familia en su situación económica y que solo puede asegurar el pago de dos meses. Incluso le han recomendado regresar a “su país”, cosa harto difícil y que muestra un preocupante desconocimiento del caso, ya que pese a ser musulmana Fátima nació en la ciudad de Madrid.

En vista de la falta de alternativa, en la tarde de ayer desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca enviamos al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU unadenuncia contra la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en aras de que no se proceda a la violación de derechos fundamentales y derechos humanosen el caso de Fátima, Salah y sus tres hijos, atendiendo al incumplimiento del artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (derecho a una vivienda adecuada) y del artículo 3 del  Convenio Europeo de Derechos Humanos (no padecer tratos inhumanos y degradantes), entre otros. Hemos solicitado al Comité que interceda de forma urgente para solicitar que se les facilite una vivienda alternativa de emergencia. 

No es intención de Fátima ni de nuestro colectivo perjudicar a la arrendadora de su vivienda, una particular con un único piso en propiedad. Pero no descartamos tener que pedir un aplazamiento del desahucio ante la falta de soluciones por parte de las administraciones.

Mientras el Ayuntamiento de Alcalá de Henares celebra la Semana de la Solidaridad, tres niños de 2, 8 y 10 años siguen esperando no quedarse en la calle este jueves.